La implantación de la Ventanilla Única por parte de los OEAs acumula retrasos

El Consejo General de Agentes de Aduanas de España ha presentado ante la Subdirección de Gestión Aduanera sus reclamaciones.

Representantes del Consejo General de Agentes de Aduanas de España se han reunido recientemente con la Subdirección de Gestión Aduanera para presentar sus reclamaciones y cuestiones sobre los principales temas de actualidad en este ámbito.

Uno de los asuntos tratados ha sido el de la aplicación de la Ventanilla Única, que según señala el Consejo, no está siendo implantanda los Operadores Económicos Autorizados, por las dificultades de intercambio de información entre el programa de aduanas y los de los diferentes servicios en frontera.

En concreto, en el encuentro se ha criticado que no exista una interfaz entre las diferentes aplicaciones, lo que supone que no resulte operativo utilizar esta solución, ya que la coordinación entre los servicios de frontera y aduana es un proceso engorroso y lento y, por tanto, poco útil.

Asimismo, se ha señalado la necesidad de realizar sesiones informativas sobre este sistema, dado el desconocimiento existente entre los operadores económicos.

Problemas en la actual normativa aduanera

Durante la jornada también se ha expuesto la problemática de los plazos de respuesta a la solicitud de autorización para el aplazamiento de pago, situado en torno a 120 días, y de las garantías globales para presentar a los representantes aduaneros.

Así, se ha argumentado que a día de hoy existen varios inconvenientes para que se acepten los avales código 7, ya que cuando son aceptados, se registran como si fuesen aval 5, un hecho que, según el Consejo, va en contra de sus intereses.

A este respecto, han puntualizado que este modelo de aval surgió para regular una serie de conceptos que ya no se entienden de la misma forma, por lo que han criticado que se considere que esta situación va en contra de la ley. Ante esta situación, desde la Subdirección de Gestión Aduanera ha informado de que se está elaborando una ley antifraude, que podría regular y dar solución a estas problemáticas.

Además, desde el Consejo han reclamado una normativa que recoja todos los aspectos que la legislación comunitaria no ha acabado de definir.

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